El demandante solicitó un auto en el sentido de que podía proseguir el arbitraje pese al hecho de que el demandado se encontraba en liquidación.

El demandante tenía la calidad de empleador en un contrato en el que el demandado era el contratista. El demandante reclamaba aproximadamente 1.100 millones de dólares de Hong Kong. Un árbitro fue designado. La audiencia debía iniciarse dentro de un plazo de 14 días. Como consecuencia de la designación de un liquidador provisional, el arbitraje fue suspendido.

El liquidador del demandado sostuvo que la forma habitual de proceder en tales circunstancias no era litigar o someter el asunto a arbitraje sino remitirse a la prueba de la deuda. Los liquidadores efectuarían entonces una estimación de la cuantía de la suma demandada. El tribunal decidió que los liquidadores tenían la obligación de actuar con un carácter cuasi-judicial y decretó que se permitiera la prosecución del arbitraje.