Tras declararse por auto del Tribunal Constitucional, núm. 301/2005, de 5 de julio de 2005, inadmitido a trámite un recurso de inconstitucionalidad presentado por la Audiencia Provincial de Madrid, esta desestimó el recurso de apelación contra un auto por el que se había denegado el despacho de ejecución de un laudo arbitral. La Audiencia Provincial consideró que el laudo no podía ser ejecutado porque la notificación del laudo no había cumplido lo dispuesto en el art. 5 a) de la Ley de Arbitraje (art. 3 1) a) LMA), según el cual “En el supuesto de que no se descubra, tras una indagación razonable, ninguno de esos lugares, se considerará recibida el día en que haya sido entregada o intentada su entrega, por correo certificado o cualquier otro medio que deje constancia, en el último domicilio, residencia habitual, dirección o establecimiento conocidos del destinatario”.

El tribunal señaló que la notificación no llegó en momento alguno al destinatario incumpliéndose así el requisito de la norma que exige una “indagación razonable” para averiguar el paradero del destinatario. Y ello porque existían en el caso enjuiciado dos notificaciones del laudo efectuadas por el servicio de correos de las que no se desprendía el cumplimiento de ese requisito. En una de ellas, enviada por correo, con petición de acuse de recibo, se leía “devuelto-caducado” y en otra, enviada también por correo y petición de acuse de recibo, una inscripción manuscrita que decía “ausente”. Estos intentos de notificar no conformaban, en opinión del tribunal, el mandato de la “indagación razonable”, máxime porque no constaba en el aviso al destinatario de que la comunicación se encontraba a su disposición en la oficina de correos, y por ello entendió que la notificación hubo de haberse intentado nuevamente a fin de que quedase constancia de su entrega.