NetSys es una empresa sueca que presta servicios relacionados con la Internet a clientes en Escandinavia. Open Text es una empresa de Ontario que desarrolla, posee y otorga licencias de productos de dotación lógica de ordenadores y los vende, así como programas para crear, albergar y utilizar índices consultables en la Internet. En una reunión celebrada en Suiza en 1997, las partes celebraron una serie de acuerdos escritos. Contenían disposiciones de arbitraje para resolver las controversias relativas al sentido, la interpretación o la aplicación de los acuerdos. El arbitraje debía efectuarse en el Instituto de Arbitraje y Mediación de Ontario, de acuerdo con sus normas.

Tras romperse los acuerdos, NetSys inició en Ontario actuaciones judiciales contra Open Text, la cual incoó entonces actuaciones arbitrales. NetSys objetó que algunos de los asuntos llevados al arbitraje no entraban en el ámbito del acuerdo de arbitraje, mientras que Open Text pidió la suspensión de todas las actuaciones judiciales.

Oponiéndose a la suspensión, NetSys argumentó que, dado que Open Text pretendía en la reclamación arbitral que los acuerdos eran nulos e inválidos, no podía invocar el artículo 8 de la LMA y obligar al arbitraje. El Tribunal rechazó este argumento. Se remitió al artículo 16 de la LMA para concluir que el árbitro era competente para determinar la validez del contrato y que esta competencia era independiente de la validez del acuerdo de arbitraje como lo preveía el artículo 8. Dado que ninguna de las partes pretendía que el compromiso fuera inválido, no estaba prohibido el recurso al arbitraje.

Sobre la cuestión del alcance de la cláusula compromisoria, el Tribunal examinó si debía remitir la cuestión al tribunal arbitral, como establece el párrafo 13 del artículo 16 de la LMA. Llegando a la conclusión de que así debía hacerlo, el Tribunal observó que la adopción de la LMA en Ontario indicaba una tendencia apreciable a circunscribir la intervención judicial en las actuaciones arbitrales. El Tribunal ordenó, pues, que la suspensión de las actuaciones judiciales permaneciera vigente hasta que el tribunal arbitral dispusiera en definitiva la cuestión, como decisión preliminar o en el laudo final.