El demandante, TLC, es un productor y editor de material didáctico informatizado ubicado en los Estados Unidos. El demandado, Core Curriculum Technologies Inc. (“CCT”), es un distribuidor y revendedor de este tipo de material en British Columbia (Canadá). TLC alegó incumplimiento del acuerdo de distribución y solicitó su rescisión. Alegando que CCT continuaba presentándose como distribuidor autorizado de los productos de TLC, éste solicitó un requerimiento cautelar de los tribunales de British Columbia que impidiera a CCT seguir alegando tal representación. Entretanto, TLC había iniciado un procedimiento de arbitraje en Boston basándose en el reglamento de la Asociación de Arbitraje de los Estados Unidos, conforme a lo dispuesto en el acuerdo de distribución.

La Corte Suprema de British Columbia señaló que las medidas cautelares solicitadas por TLC correspondían a lo que en el artículo 9 de la International Commercial Arbitration Act se definía como “medida provisional de protección”. En virtud del artículo 9, no es incompatible con un acuerdo de arbitraje que una parte pida a un tribunal, antes del procedimiento arbitral o durante el mismo, una medida provisional de protección y que el tribunal se la conceda. La Corte Suprema resolvió que el tribunal de British Columbia tenía jurisdicción para dictar medidas cautelares a pesar de que la controversia se hubiera sometido a arbitraje en Boston. No obstante, el tribunal estimó que el balance no favorecía a TLC, al no haber pruebas reales de daños irreparables. La solicitud de requerimiento cautelar fue denegada.