Silver era una empresa minera con sede en British Columbia. Geolog era una empresa rusa. A principios de 1996, Silver y Geolog entablaron relaciones contractuales con el fin de explorar y explotar yacimientos en Siberia. Geolog tenía un acuerdo con Cominco en virtud del cual Geolog vendía concentrado a Cominco. En junio de 1998, Silver presentó una demanda contra Geolog para recuperar la cantidad en moneda canadiense equivalente a 3.213.450,87 dólares de los Estados Unidos. Esta suma correspondía a diversos préstamos que Silver había concedido directamente a Geolog y a gastos que había pagado al codemandado, Cominco Ltd. en nombre de Geolog. Cuando Cominco se disponía a pagar a Geolog unos 4.000.000 de dólares por compras de concentrado, Silver obtuvo un mandamiento judicial por el que se prohibía a Cominco efectuar más pagos a Geolog y se pedía a Cominco que pagara el dinero al tribunal. Silver obtuvo además un mandamiento prejudicial de embargo contra Cominco. Cuando Geolog y Dukat, proveedor ruso de Geolog, lograron rebatir los del mandamiento de Mareva y el de embargo, Silver solicitó autorización para apelar, así como el sobreseimiento del mandamiento del juez. El permiso fue concedido, con la variación de que Cominco era libre de pagar a Geolog 800.000 dólares, que era la diferencia entre la deuda de Cominco con Geolog y la reclamación de Silver.

La apelación sólo fue estimada en parte. Se mantuvo la anulación del mandamiento de Mareva. El tribunal estimó que tenía jurisdicción en virtud del artículo 9 de la International Commercial Arbitration Act para ordenar requerimientos cautelares en relación con arbitrajes extranjeros. Tras examinar los principios en que se basaba el mandamiento en derecho canadiense e inglés, el tribunal llegó a la conclusión de que las consideraciones de balance y de justicia se inclinaban más bien contra la concesión de un mandamiento que impidiera a un demandado pagar una deuda contraída en el curso habitual de su negocio sólo para dar una garantía prejudicial al demandante. A pesar de esta conclusión, el tribunal de apelación volvió a dar vigencia al mandamiento de embargo por estimar que el tribunal de primera instancia había errado al considerar que la concesión del sobreseimiento en virtud del artículo 8 de la International Commercial Arbitration Act implicaba la imposición del embargo. El tribunal resolvió que las condiciones en que se basaban los mandamientos de Mareva y de embargo eran diferentes y, concretamente, que no había ninguna autoridad que requiriera para el embargo que se demostrara la intención del deudor de evitar el pago de todo juicio al respecto. El demandado no cumplió con el cometido de demostrar que era justo en todas las circunstancias dictar la orden de embargo y que los hechos tendían a favorecer su mantenimiento.