Este caso consiste en una apelación contra la decisión relativa al caso 101, en que el tribunal había designado a un solo árbitro de conformidad con el artículo 11 3) a) de la LMA.

Private Company argumentó que el Tribunal de Apelación no tenía jurisdicción para conocer del recurso, dado que la decisión del tribunal de primera instancia trataba una cuestión que entraba en el ámbito del artículo 11 3) y que, en consecuencia, era inapelable (11 5) de la LMA). El Tribunal de Apelación desestimó ese argumento por considerar que el artículo 11 3) era aplicable a casos en que la imposibilidad de llegar a un acuerdo sobre la designación de un árbitro se debía a que las partes no habían podido convenir un procedimiento para la designación de un árbitro pero no a disensiones sobre la conveniencia de recurrir al arbitraje o de hacer intervenir en él a un particular, como en este caso.

Star argumentó que el tribunal de primera instancia había cometido un error, ya que no había ningún contrato entre Private Company y Star para recurrir al arbitraje, habida cuenta de que su primer contrato se había rescindido y el segundo carecía de validez. El Tribunal de Apelación consideró que el tribunal de primera instancia no podía examinar esos argumentos en detalle sin interferir en la jurisdicción del árbitro y obró correctamente al expresar una opinión prima facie sobre si había un acuerdo para recurrir al arbitraje, a saber, que no existían pruebas «contundentes» de que se hubiera anulado un acuerdo de arbitraje.

Sky sostuvo que no había ningún tipo de prueba de que fuera parte en el contrato entre Private Company y Star. El Tribunal de Apelación señaló que el tribunal de primera instancia había estimado que Star había firmado el contrato en nombre propio y como agente de Sky; y que había alguna prueba de que Sky había de ser la parte designada por el contrato para la «ejecución», aunque las pruebas sobre su calidad de agente resultaban muy poco sólidas. El Tribunal de Apelación confirmó, también sobre esta cuestión, la decisión del tribunal de primera instancia, que dictaminó que no correspondía la tribunal examinar el fondo del litigio, sino al árbitro.