Esta decisión del Tribunal Superior se refiere a una apelación contra la decisión de un tribunal inferior a favor de la parte demandada.

La parte apelante solicitó que se ordenara a la demandada, una institución de arbitraje, que reconociera que uno de los árbitros nombrados por la institución en un caso dado no poseía las calificaciones necesarias y debía renunciar. La parte apelante alegó que no estaban garantizadas la imparcialidad ni la independencia de la demandada cuando un árbitro había realizado con anterioridad declaraciones en un artículo de un periódico o revista sobre cuestiones jurídicas que más adelante se presentarían en el litigio que tenía ante sí el tribunal arbitral donde dicha persona sería nombrada.

El Tribunal Superior declaró que no se podía descalificar a los jueces -incluidos los árbitros- por escritos o declaraciones sobre cuestiones jurídicas publicadas con anterioridad al caso. Circunstancias similares no planteaban dudas sobre la imparcialidad o independencia del árbitro cuyo nombramiento se objetaba en el caso en cuestión. Por lo tanto, el Tribunal Superior confirmó la decisión de la instancia inferior y ordenó que la parte apelante pagara las costas de la demandada.