El demandante solicitó que se suspendieran las actuaciones entabladas por los demandados y que se sometiera la controversia a arbitraje en Ontario sobre la base de la cláusula para la resolución de controversias que figuraba en el acuerdo concertado entre las partes. La acción de los demandantes se basaba en la legislación provincial en materia de empresas y se alegaba que había habido una conducta ilegal que obstaculizaba sus inversiones en la empresa. La corte desestimó la demanda y se negó a remitir las partes a arbitraje por estimar que la cláusula compromisoria no tenía efectos conforme al artículo 8, párrafo 1, de la Ley Modelo, pues consideró que la controversia no se derivaba del acuerdo ni guardaba relación con él. Por lo tanto, era adecuado que se hubiera hecho la demanda ante la corte. La corte consideró asimismo que la facultad del tribunal arbitral para decidir acerca de su competencia (en virtud del artículo 16 1) de la Ley Modelo) no le impedía resolver acerca de su propia competencia ni juzgar el alcance de la cláusula, pues al hacerlo no se recurría a la pericia especial del tribunal arbitral.