En el curso de actuaciones judiciales entre miembros de un partido político, los demandados solicitaron que se suspendieran las actuaciones y se remitiera la controversia a arbitraje. En efecto, los estatutos de ese partido político exigían que las controversias en el interior de él se sometieran a un árbitro único elegido de entre un grupo de árbitros establecido por el Consejo Ejecutivo Nacional del partido.

El demandante alegó que la cláusula compromisoria era ineficaz y de ejecución imposible, porque jamás se había establecido el grupo de árbitros.

El tribunal opinó que era responsabilidad conjunta de las dos partes establecer el mecanismo necesario para el arbitraje. No se habían presentado al tribunal pruebas de que el demandante hubiera pedido al demandado que facilitara el nombramiento de un grupo de árbitros y de que esa petición se hubiera rechazado. Según el tribunal, existía un acuerdo de arbitraje válido y eficaz, que podía aplicarse, y por esa razón el tribunal accedió a la suspensión.