Surgió una controversia entre un contratista, demandante, y un organismo local, demandado, sobre la cantidad adeudada por el demandado al demandante en virtud de un contrato para realizar servicios de recogida de basura. El demandante entabló una acción judicial contra el demandado por el pago de la supuesta cantidad pendiente.

El demandado opuso una excepción especial argumentando que, según las condiciones del contrato, toda controversia que surgiera entre las partes debería remitirse a un funcionario del organismo local para que se pronunciara sobre ella. Sin embargo, si el contratista no estaba de acuerdo con la decisión del funcionario, podría recurrir al arbitraje. Puesto que ninguna de estas etapas había tenido lugar, el demandado pidió al tribunal la suspensión del procedimiento. El demandante se opuso a la cláusula correspondiente del contrato con el argumento de que era contraria al orden público, ya que autorizaba a resolver la cuestión a un funcionario de una de las partes. Por tanto, atentaba contra el principio de que “no se puede ser juez y parte”.

El tribunal entendió que la disposición sería contraria al orden público si la decisión del funcionario fuera realmente definitiva. No obstante, no era el caso, ya que se mantenía el derecho a recurrir al arbitraje.

Además, el tribunal entendió que era aplicable el artículo 8 de la LMA y que, puesto que el demandado así lo había solicitado, el tribunal no tenía otra opción más que suspender el procedimiento y remitir la cuestión a arbitraje.