En 1993, los demandados, la familia McLaughlin, se trasladaron a Ontario y vendieron su casa en Minnesota a los demandantes, la familia Carter. La transacción se realizó en virtud de un acuerdo de corretaje de bienes raíces que contenía una disposición por la que se sometería a arbitraje cualquier demanda sobre el estado físico de la propiedad. Se presentó una demanda y, ulteriormente, se dictó un laudo arbitral, en virtud del cual la familia Carter debía recibir 9.049,50 dólares para sufragar los gastos de la sustitución del sistema séptico en la propiedad. La familia McLaughlin se negó a pagar esa suma por lo que la familia Carter presentó una solicitud de ejecución del laudo en Ontario.

El único problema consistía en saber si el acuerdo de arbitraje y el laudo eran “de carácter comercial” conforme al significado de ese término en la Ley Modelo. En la Sección 13 de la legislación de Ontario por la que se aplica la Ley Modelo se estipula que, para interpretar la Ley Modelo, se puede recurrir, entre otras cosas, al comentario analítico contenido en el informe que el Secretario General presentó a la CNUDMI en su 18o período de sesiones. El tribunal examinó ese comentario y llegó a la conclusión de que el acuerdo de arbitraje entre las partes y el laudo correspondiente eran de índole comercial conforme al significado que se daba al término en la Ley Modelo. La venta de la casa, si bien no guardaba relación con la actividad comercial profesional de ninguna de las partes, sí se había realizado con la debida seriedad, contando con la asistencia de corredores profesionales de bienes raíces y dentro del marco jurídico apropiado para una transacción que había entrañado una suma cuantiosa. Tenía los rasgos de una operación comercial típica salvo que, con respecto a la transacción, las partes no actuaban en dicha transmisión a título de “comerciantes”, ni eran comerciantes. En el comentario analítico se indicó que los miembros de la Comisión que habían redactado la Ley Modelo habían previsto que debía darse una interpretación amplia al término “comercial”, para que abarcara las cuestiones que se planteaban en todas las relaciones de índole comercial y que la interpretación amplia del término “comercial” incluiría las relaciones de índole comercial, lo que no dependía de la índole, mercantil o no, o el carácter de “comerciantes” de las partes, cualquiera que fuera el derecho interno aplicable. El tribunal admitió la demanda de ejecución.