La apelación principal introducida por los demandados se centraba en la negativa del Tribunal de Primera Instancia a desestimar el auto por el que se autorizaba a ejecutar el laudo arbitral a título de sentencia (LMA 35 1)).

Los demandados alegaban, para apoyar la apelación, un motivo diferente del esgrimido ante el Tribunal de Primera Instancia. Era que el laudo se ocupaba de una diferencia no considerada ni comprendida en los términos del sometimiento a arbitraje (LMA 34 2) a) iii); 36 1) a) iii). Los hechos consistían en que las partes en el acuerdo de arbitraje eran el primer demandante y el primer demandado. La mayor parte del laudo fue concedida al segundo demandante, ahora en liquidación, que no era parte en el acuerdo de arbitraje. Ante el Tribunal de Primera Instancia las partes convinieron en que el tribunal arbitral era competente para dictar el laudo respecto del segundo demandante. Los demandados aducían ahora que esa competencia no existía (LMA 34 2) a) iii); 36 1) a) iii)). Los demandados adujeron también que, en todo caso, el Tribunal debía ejercitar su discreción de no ejecutar el laudo (LMA361 1)). El demandante sostuvo que lo que pedían los demandados era básicamente que hubiese una reevaluación de los argumentos sobre la cuestión de competencia oídos por el tribunal arbitral.

El Tribunal de Apelaciones dictaminó que los demandados no podían invocar la cuestión de la falta de competencia. Además, el Tribunal falló que la disputa sobre si los demandados habían percibido incorrectamente dinero del segundo demandante entraba claramente en el ámbito del acuerdo de arbitraje (LMA 7 1)). El tribunal llegó asimismo a la conclusión de que, al argumentar el asunto ante el tribunal, las partes se habían sometido a su jurisdicción y se veían impedidas por acto propio de plantear luego el punto de la competencia (LMA 16 1), 16 3)).

Se rechazó la apelación del demandado contra el auto del Tribunal de Primera Instancia.