El demandante, empresa de ingeniería americana (por “americana” se entiende “estadounidense”), concertó un acuerdo de servicios de consultoría con el demandado canadiense en relación con la ampliación de su fábrica de productos químicos en Ontario. Una vez completado el proyecto, surgió una controversia y el demandante solicitó una declaración judicial de que toda reclamación que el demandado pudiera hacer estaba limitada a un plazo en virtud del contrato. El demandado negó la existencia de un período contractual de limitación. El Tribunal estimó que las partes no habían pedido expresamente que se les sometiera a arbitraje pero que el tribunal podía remitirlas motu proprio a arbitraje sobre la base del derecho procesal local. El Tribunal estimó que la cuestión de la existencia de un período de limitación se podía considerar que quizá estaba dentro del ámbito del acuerdo de arbitraje y se debía dejar a lo que determinara el árbitro. El Tribunal consideró también si un retraso excesivo era motivo suficiente para denegar una suspensión, según se permitía en los arbitrajes nacionales, pero estimó que eso sería inaplicable cuando la remisión a arbitraje se formulaba de conformidad con una moción del propio Tribunal. Además, el Tribunal estimó que ninguna de las partes sufrirían perjuicio con la suspensión, que fue decidida. [1]